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Algo anda mal cuando los jóvenes estudian menos y trabajan más.

La estructura estatal responsable de atender a adolescentes de 13 a 17 años y jóvenes de 18 a 24 años se ha debilitado con los años, al punto de casi desaparecer. La escasez de estudiantes en los salones de clase de institutos públicos del nivel básico y diversificado es uno de los síntomas más fríos e inquietantes de ese engranaje endeble con apenas cimientos. En las condiciones actuales, los muchachos abandonan la escuela y el Estado lo permite. Engrosan la abultada cifra que comprende la llamada Población Económicamente Activa (PEA) y a eso, no es posible llamarlo oportunidad, mucho menos desarrollo.

Lo traiciona la veloz carrera y el salto rápido a los escalones de un autobús urbano en plena marcha por el bulevar Liberación. El pantalón de lona, los tenis a medio amarrar y una gorra en la cabeza identifican esa figura delgada, de menos de 17 años, que con sus groserías y risotadas acompaña al piloto del autobús en el recorrido de la ruta, una y otra vez. Es lo único que le interesa. Por ahora.

En las horas pico, en esa misma unidad, abordan muchachos con mochilas en los hombros y también con gorras. La plática es distinta porque están cansados. Recién terminaron la jornada como ayudantes de albañil en una obra cercana al Obelisco y, al observar las interminables filas de automóviles, aceptan rendidos que será largo regresar a casa.

Ni el joven de la camioneta ni los ayudantes del maestro de obra tienen en mente terminar la escuela. La secundaria les dio herramientas básicas: saben leer, escribir y un poco de cálculo. No requieren más. Por ahora.

En una esquina de la 7a. avenida de la zona 9, hay una venta informal de golosinas y frituras de distintas variedades atendida por un muchacho de 20 años. Más adelante, un grupo de chicos de distintas edades –14, 15 o 16 años– se comunican entre ellos en idioma maya, mientras esperan que el conductor de un vehículo asiente con la cabeza y les permita limpiar el parabrisas.

El primero tiene más suerte que los otros tres, porque su puesto está bien ubicado y la clientela de a pie para por una bolsita de manías, un Tortrix o unos Doritos. El ingreso es poco, pero constante. A los otros chicos, que no hablan español, la suerte los define, algunas veces consiguen algunos quetzales, otras nada.

En la capital, donde quiera que uno mire, un adolescente o un joven le sale al paso. Ofrecen mercancías informales, atienden una carreta de shucos, acompañan a los albañiles, trabajan en jardinería o hacen los mandados.

Esas figuras, con las que nos topamos a diario, representan el 28.5 por ciento de la población económicamente activa (PEA) del país, según la Encuesta Nacional de Empleos e Ingresos (ENEI-1-2016), presentada en septiembre del año pasado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El INE calculó que en Guatemala hay 6 millones 605 mil 276 personas que cada día efectúan una tarea que les genera ingresos. De esta cifra general, 1 millón 882 mil 503 son muchachos de entre 15 y 24 años.

El 21.6 por ciento de los adolescentes y jóvenes trabajan en el área urbana metropolitana; 28.4 por ciento en zonas urbanas y 31.8 en urbanas. Se dedican, en su mayoría, a actividades de agricultura, ganadería y silvicultura (28.8 por ciento) y al comercio, alojamiento y servicios, (25.3 por ciento).

El 33 por ciento (621 mil 226) labora en el sector privado; el 19.4 por ciento son jornaleros (365 mil 205); 8.1 por ciento trabaja sin recibir remuneración (152 mil 482) y el 3.9 por ciento son empleados de casa particular (73 mil 417). El restante 35.6 por ciento se desempeña en distintas labores.

Sin embargo, son pocos los que gozan de los beneficios del Seguro Social. Según el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), a la fecha están inscritos 2 mil 506 trabajadores menores de 18 años: 263 trabajan en actividades relacionadas a la explotación minera; 247 en la industria manufacturera; 862 en servicios; 764 en agricultura; 317 dedicados al comercio; 26 son empleados del transporte; 13 en construcciones, entre otros.

Otra realidad

Un adolescente que vive en el área rural y su familia es pobre tiene pocas posibilidades de estudiar los básicos dado que los planteles públicos dedicados a atender este nivel son insuficientes para atender la demanda. Por esta causa, los centros privados se ocupan de más de la mitad de los estudiantes. Igual ocurre con el
diversificado.

El Ministerio de Educación reportó en 2015, una matrícula nacional de 819 mil 350 adolescentes de entre 13 y 15 en el nivel básico y de 401 mil 312 en el diversificado. Para el nivel básico existen 3 mil 276 planteles públicos; 3 mil 743 privados y 1 mil 005 abiertos por cooperativas.

Los centros educativos nacionales que ofrecen carreras del nivel básico, como bachilleratos, secretariados y perito contador son apenas 675; los privados 3 mil 543 y los de las
cooperativas 147.

Los estudiantes indígenas que cursan el básico, 204 mil 160, tienen a disposición 11 mil 881 maestros, pero solo 3 mil 816 están contratados por el Estado. Los del diversificado, que son 62 mil 153, están a cargo de 5 mil 628 docentes.

Es claro, que más adolescentes y jóvenes de escasos recursos, trabajan, en lugar de completar la escuela y eso, es una falla del Estado.

Pero, el acceso al estudio no es la única oportunidad básica, como las define el informe nacional “Guatemala: Un país de oportunidades para la juventud”, presentado en 2012 por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a las que un joven tiene derecho.

Este estudio identificó cuatro oportunidades básicas que los adolescentes y jóvenes requieren con la finalidad de potenciar su desarrollo humano. Son oportunidades estratégicas que se necesitan para la inserción en la vida social y económica. Entre estas, la oportunidad de vivir, que implica el goce del derecho a la salud, el de iniciarse en la vida sexual de forma saludable y responsable, así como el derecho a la seguridad.

También está la oportunidad de aprender y conocer, que se relaciona con el derecho a la educación, a desarrollar destrezas que le permitan trabajar y habilidades para conseguir una realización personal y un acceso a bienes culturales y simbólicos.

Otra oportunidad es la de participar, de forma progresiva en la vida social, en los ámbitos político, económico, social y cultural.

La cuarta oportunidad, según el PNUD es la oportunidad de disfrutar del tiempo libre. “Se pasa de experiencias y actividades lúdicas en la niñez a un disfrute de nuevas experiencias y actividades con más matices de lirismo en la juventud”, reveló el estudio.

Futuro oscuro

Sin embargo, estas cuatro oportunidades básicas son poco accesibles a jóvenes que nacieron en hogares pobres: los niños llegan desnutridos a la adolescencia y eso los hace vulnerables a enfermedades o muerte prematura; tienen poco acceso al nivel secundario y universitario; trabajan, pero no siempre es un trabajo digno con prestaciones sociales y un entorno laboral adecuado, nada saben del derecho al descanso o del tiempo libre. El derecho a la alegría lo desconocen. Entonces, las posibilidades de la juventud parecen truncadas, desde el principio.

El PNUD evidenció, en ese momento (2012), que la escasez de escuelas y de trabajo son los principales factores que niegan a jóvenes y adolescentes sus oportunidades básicas. El poco acceso a estas condiciones mínimas de desarrollo puede tener efectos perniciosos en la integración del joven a la sociedad. “Lo peor que puede ocurrir –y, de hecho ha ocurrido– es que grupos vulnerables de jóvenes en estado de disponibilidad sean reclutados por la delincuencia y el crimen organizado”, señaló el informe.

En Guatemala, mencionó el PNUD, hay varias alternativas, todas ellas con efectos problemáticos para el desarrollo nacional y la integración del joven la sociedad: que ingresen a la informalidad; que se incorporen a pandillas por razones económicas o que migren en condiciones irregulares en búsqueda de trabajo con mayor remuneración.

Intentos fallidos

Cuando la pobreza es estructural, los padres de familia tienen pocas opciones de sacar adelante a los hijos. Para los jóvenes pobres, el Estado es el gran ausente en sus vidas.

El informe de 2012 del PNUD reveló rezagos históricos en materia de juventud y avances a principios del siglo impulsados justamente por organizaciones juveniles.

A mediados de los años setenta fue incorporada la Programación Juvenil Sectorial en el Plan Nacional de Desarrollo 1975-1979 del gobierno de turno. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) promovió los clubes 4S, dedicados a jóvenes del área rural. En tanto, la cartera de Trabajo, la Secretaría de Bienestar Social (SBS) y la Dirección de Desarrollo de la Comunidad impulsaron programas sociales dirigidos a la juventud.

Con el Año Internacional de la Juventud, en 1985, el Ministerio de Educación creó el Instituto Nacional de la Juventud (INAJU), con el objetivo de dirigir acciones en el campo del deporte, cultura, recreación y arte, pero pasaron diez años, sin que cambiaran de manera real las opciones para los jóvenes.

En 1996, la Presidencia de la República dio vida al Consejo Nacional de la Juventud (CONJUVE) y, dos años más tarde, aprobó el Bono por Contribución al Bienestar Social de la Niñez y Juventud (Acuerdo Gubernativo
64-98) destinado con exclusividad a los trabajadores de la SBS.

Ese beneficio tenía el propósito de mejorar el rendimiento e incrementar la eficiencia de los servicios que por ley presta el personal de la Secretaría, con “el ánimo de contribuir a la calidad de vida de la niñez y juventud guatemalteca”.

Con la llegada del nuevo siglo hubo algunos pasos estatales a favor de la juventud. En 2002, el MAGA aprobó la política sectorial “Desarrollo y Equidad de la Juventud Rural en el sector Agrícola de Guatemala 2002-2006”, por medio del Acuerdo Ministerial
747-2002. Esta contó con el apoyo de agencias del Sistema de Naciones Unidas (SNU) y asociaciones de jóvenes, entre otros.

Un año más tarde, fue promulgada la ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (PINA) que establece la Comisión Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CNNA). En este mismo periodo, agrupaciones de la Coordinadora Juventud por Guatemala (CJG) presentaron la “Agenda Nacional de la Juventud”, durante el proceso electoral.

En 2003, el Ministerio de Salud también aprobó la política sectorial “Salud para la Adolescencia y la Juventud 2003-2012”, con el respaldo de las entidades del SNU y los grupos juveniles.

La Comisión de Participación Juvenil nació en 2004 para descentralizar el CONJUVE y fue emitida la Política Nacional de Prevención de la Violencia Juvenil. En ese año, además, se impulsaron consultas con la finalidad de diseñar la “Política Nacional de la Juventud 2005-2015”. Las autoridades de turno hicieron la presentación pública en 2005, pero no le dieron ningún respaldo legal.

Sin ley

El Congreso, en tanto, conoció también en 2005 la iniciativa de ley “de Desarrollo Integral de la Juventud”, que obtuvo dictamen favorable en 2007, pero no prosperó en el Legislativo.

En 2008, los diputados aprobaron la Comisión Extraordinaria de Juventud y desde esa instancia fue presentada la iniciativa de “Ley Nacional de la Juventud”, y en los siguientes cuatro años solo avanzó a la segunda lectura. Otras diez propuestas, como “Creación de la Figura del Consejo Joven”, “Ley de Acceso al Trabajo de la Juventud” y “Becas para la Juventud”, tampoco fueron aprobadas.

Las reformas al Código Municipal, en 2010, destinaron no menos del 0.5 por ciento de los ingresos del situado constitucional a la Comisión de Juventud. En ese año, el Conjuve, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) y organizaciones de jóvenes, en conjunto publican la nueva “Política Nacional de Juventud 2010-2015” y el CJG presentó una tercera “Agenda Nacional de Juventud”, actualizada con demandas y propuestas al Estado.

En 2012, fue actualizada la “Política Nacional Pública de Juventud 2012-2016”, por medio de la cual se creaba el Gabinete Específico de la Juventud con una vigencia de cuatro años. La iniciativa tampoco contó con respaldo alguno y el Gabinete
desapareció en 2016.

El único avance significativo en la materia ocurrió el año pasado, cuando los diputados aprobaron la Comisión Ordinaria de la Juventud.

El PNUD recomendó en su informe que el Estado de Guatemala cuente con una Ley Nacional de Juventud que sirva de soporte a una Política Nacional de Juventud y permita el fortalecimiento o creación de instituciones con respaldo financiero, de lo contrario seguirá la presentanción de ese tipo de propuestas en cada administración gubernamental. Tal y como ha sucedido hasta hoy.

Abner Paredes, responsable de la Defensoría de la Juventud de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), opina que la situación que viven hoy adolescentes y jóvenes evidencia las fallas del Estado. “No ofrece acceso a servicios básicos, es incapaz de ofrecer salud y educación”, comentó Paredes.

“Hoy solo 4 de cada 100 adolescentes terminan los básicos y 2 de cada 100 el diversificado. Solo 20 tienen posibilidad de completar una carrera de Educación Media. A la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) solo llega el ocho por ciento. Esa es una cifra bajísima”, añadió.

Por esta causa, cuando buscan plazas en los programas de Feria de Empleo, pocos pueden acceder a una, indicó el defensor. “Hay 20 mil plazas y solo se ocupan 5 mil porque a los aspirantes les falta experiencia, no concluyeron sus estudios básicos, les falta capacitación técnica y solo hablan un idioma. Hay oferta pero no se llenan esas características”, indicó Paredes.

“Si la educación es mejor es posible al joven una buena inserción laboral, esta es la manera adecuada de plantearlo y no solo verlo como una fuente de mano de obra”, agregó.

Paredes comentó que hasta hoy las políticas públicas a favor de la juventud han fracasado. “Existía un Gabinete específico y venció el plazo y ahora no hay una instancia de ese tipo en el Ejecutivo. No se pensó en prorrogarlo. Tampoco se aprueba la ley”.

De aprobarse la Ley Nacional de la Juventud, el CONJUVE quedaría eliminado y sería creada una Secretaría Presidencial con una mayor capacidad de formular políticas y programas técnicos.

Sin embargo, aun sin estructura estatal o leyes, los jóvenes tienen derecho a la vida, educación, salud y a recreación. El Estado está obligado a defender y velar por el cumplimiento de esas garantías individuales, pero en vez de ello, cruza los brazos y da la espalda.

Alternativas
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la gran mayoría de jóvenes del país ingresa al mercado laboral sin haber adquirido las competencias básicas y generales indispensables que le permita ocupar plazas de trabajo dignas. Muchos entonces, se ven obligados a migrar o dedicarse a la informalidad como alternativas laborales.

Faltan recursos
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señaló que el financiamiento público a programas dirigidos a la juventud es un tema pendiente y no es una prioridad a la hora de diseñar el presupuesto del Estado. El Informe nacional 2011-2012 “Guatemala: Un país de oportunidad para la Juventud” calculó un monto equivalente al 6 por ciento del presupuesto ejecutado en 2011 y el 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivalía en ese momento a Q3 mil millones 347 mil 745. El 37 por ciento de las asignaciones presupuestarias servirían para sufragar la educación pública en los niveles básico y diversificado y 22 por ciento de los mismos se destinaría a la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), principalmente.

Beneficio

El Informe nacional “Guatemala; ¿Un país de oportunidades para la Juventud”, presentado en 2012 por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), consideró que la población joven del país representa un importante bono demográfico. Sucede cuando cambia de manera favorable la relación de dependencia entre la población productiva (jóvenes y adultos) y la dependiente (niños y personas mayores), con un peso relativo de la primera en relación con la segunda.

El bono demográfico implica que “la mayor parte de la población está en condiciones de trabajar, mientras que el porcentaje de personas que no está en edad laboral es minoritario”, indicó el documento.

Sin embargo, para que este bono se convierta en un beneficio real se requiere que las transformaciones de la población estén acompañadas por fuertes inversiones en capacidades humanas, por medio de robustas políticas educativas, de salud y laborales.

Asimismo, el impulso de políticas macroeconómicas que incentiven la inversión productiva, aumenten las oportunidades de empleo digno y promuevan un ambiente social y económico estable.

En 2012, el PNUD calculó una población en edad de trabajar de 15 a 64 años, equivalente al 55 por ciento, y aseguró que se trataba de una oportunidad demográfica única que debía ser aprovechada antes de que se revirtiera.

El PNUD recomendó invertir de manera oportuna antes de pagar, en un tiempo determinado, un alto costo en pérdidas de desarrollo humano que provocarían pobreza y mayores presiones fiscales. “Esa población hoy es joven y productiva, el día de mañana ya no lo será y demandará protección social. Vendrá entonces un periodo de rápido envejecimiento poblacional, que traerá nuevos desafíos en la provisión de cuidados de salud y financiamiento de pensiones a una población progresivamente inactiva”, indicó el documento.

El problema es que la juventud actual ni a eso puede aspirar.

253,226 es el número que calculó el INE de adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años en subempleo visible; 185 mil 737 son hombres y 67 mil 489 mujeres.

122,861 muchachos de entre 15 y 24 años están desempleados en Guatemala según el INE; 65 mil 480 son hombres y 57 mil 381 mujeres.

16,821 jóvenes de entre 17 y 18 años comenzaron este año una licenciatura en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac)