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LA EXTINCIÓN DE DOMINIO LEGAL O ILEGAL!.

Al aprobar el Congreso de la República de Guatemala, el decreto 55-2010 que contiene la Ley de Extinción de Dominio, se considera que es un mecanismo para darle al Estado medios para luchar contra el Crimen Organizado, Narcotráfico, lavado de Dinero y otras formas de delincuencia que afectan al Estado y a los miembros de la comunidad productiva y decente.

No obstante las buenas intenciones plasmadas en la Ley de Extinción de Dominio, olvidaron los legisladores que existe un marco garantista constitucional que no puede ser transgredido y que el poder público proviene del pueblo, estando su ejercicio sujeto a las limitaciones constitucionales (Art. 152 CPRG). Dentro de ese orden, sin bien es cierto existen Estados como México y Colombia que con éxito han implementado una ley de similar contenido, su sistema jurídico fue respetado y los procedimientos para extinguir el dominio fueron diseñados respetando las garantías constitucionales, caso contrario el de Guatemala, Estado con una Constitución Política aprobada dentro del marco de un conflicto armado interno, teniendo como antecedente una serie de periodos gubernamentales caracterizados por ser eminentemente “militares” y los civiles fueron afines a estos. De esa cuenta que la Asamblea Nacional Constituyente de 1985, priorizó el respeto a los derechos humanos individuales, estando dentro de estos el derecho a la propiedad y a la libertad de industria, trabajo y comercio; asì como garantías eminentemente personales como, la Libertad de Acción, Derecho de defensa, Derecho a la inocencia, a la no declaración en contra de si mismo, que son parte esencial del sistema democrático y de la tendencia político-económica a la que responde el Estado de Guatemala.

TRIPLE FUNCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO:
Dentro de ese orden, una ley (Extinción de Dominio) con premisas inquisitivas, propias del sistema de justicia que el Estado abandonó con la nueva Constitución Política (1985, en vigencia desde 1986) y el Código Procesal Penal vigente, que le otorga al Estado la obligación de probar los señalamientos que efectúe en contra de una persona, así como reconoce la existencia de derechos preexistentes, preestablecidos e irrenunciables por la naturaleza de seres humanos y dentro de un nuevo orden jurídico-político y democrático, en el que el Estado respeta al individuo y sus derechos, salvo que incurra en infracción a los derechos de terceros o del mismo Estado. Como consecuencia son creadas instituciones responsables como el Ministerio público con una dualidad de funciones, la de “INVESTIGAR” y la de ser “GARANTE DE LA LEGALIDAD en el cumplimiento de las leyes del País”. Pero, la tercera función no escrita es la de ser un ARMA POLÍTICA y que en los últimos meses así parece confirmarse ya que diferentes casos de análisis determina que lo han estado haciendo de una forma selectiva. Amén de que también la Procuraduría de Derechos Humanos, es responsable de verificar en forma lírica que los derechos reconocidos por el Estado se cumplan y ello involucra a los derechos individuales, sociales, económicos y políticos, así como la consecuente sanción para quién los violente.
ARMA CIRCUNSTANCIAL:

Dentro de ese orden, la Ley de Extinción de Dominio, decreto numero 55-2010 del Congreso de la República es un cuerpo normativo inquisitivo, con principios que vulneran la garantías reconocidas por la constitución política al crear un FUERO ESPECIAL, es decir; la ley de extinción de dominio está …”fuera de la jurisdicción penal y civil…” no obstante por PRENSUNCIONES (LEGALES Y HUMANAS), puede despojar de la propiedad a quien legalmente la ha adquirido, es decir por justo titulo o bien por traslado directo en cualquiera de las formas (compra-venta, donación entre vivos, post-mortem, herencia, legado, sucesión testamentaria e intestada), así como todas las demás formas traslativas de dominio o posesión que la legislación regula. Pero, jamás debe aplicarse de una forma selectiva ya que se convierte en un arma que destruiría la confianza en la inversión y desarrollo de las economías, pues debe tener un contrapeso y el principal debe ser el que los bienes deben quedarse en manos de los titulares de los bienes hasta que haya una sentencia condenatoria.
LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO VIOLA LA LEGISLACIÓN.
Es simple entender que la Ley de Extinción de Dominio, como simple lógica elemental, viola normativas tales como: La Constitución Política de la República de Guatemala, al reconocer y garantizar los derechos individuales, así como el régimen de legalidad dentro del que el Estado debe de actuar reguló: …El Artículo 44 de la Constitución Política de la República de Guatemala, … “Serán nulas ipso jure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la constitución garantiza”. El Artículo 175 de la Constitución Política de la República de Guatemala, regula: “Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso jure”. El Artículo 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala, regula “los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado.” El artículo 114 de la Ley de Amparo, Exhibición personal y Constitucionalidad, regula: “Los tribunales de justicia observaran siempre el principio de que la Constitución prevalece sobre cualquier ley y tratado internacional. Sin perjuicio de que en materia de derechos humanos prevalecen los tratados y convenciones internacionales aceptados y ratificados por Guatemala”. El artículo 115 de la Ley de Amparo, Exhibición personal y Constitucionalidad, regula: “ serán nulas de pleno derecho las leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que regulen el ejercicio de los derechos que las Constitución garantiza, si los violan, disminuyen, restringen o tergiversan. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las Leyes que violen o tergiversen las normas constitucionales son nulas de pleno derecho.

RESTITUCION DEL ESTADO DE DERECHO:
Por lo anterior debe revisarse dicha ley y con ello evitar que se sigan violentando los derechos de los ciudadanos, rompiendo esquemas o procedimientos constitucionales. Acciones como: ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD en contra del articulado confiscatorio sin observar el debido proceso y REFORMA LEGISLATIVA en el Congreso de la República que defina que NO DEBE DARSE NINGUNA EXTINCIÓN HASTA QUE HAYA SENTENCIA CONDENATORIA Y QUE LOS BIENES QUEDAN EN PODER DE LOS TITULARES HASTA DARSE LA MISMA. En la República de El Salvador se ha presentado una iniciativa de ley y que fue presentada a la junta directiva por los diputados René Portillo Cuadra de ARENA, Guillermo Gallegos y Mario Tenorio de GANA, Jackeline Rivera y Santiago Flores del FMLN y de esa forma rectificar los errores y abusos que se han cometido tales como cita el diario ELSALVADOR.COM 2 de julio del año en curso, que han habido sentencias absolutorias y aún así han proseguido con extinción de bienes .
Para efectos de ilustración pueden consultar los siguientes links:

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