PAG-06-F01-Archivo-3

MP y CICIG detrás de plazas fantasma del PP, Lider y UNE en el RIC

Los investigadores secuestraron expedientes de 79 trabajadores de la entidad responsable del catastro.

El pasado 1 de agosto las autoridades allanaron la sede del RIC en busca de información sobre plazas fantasmas.  

Al menos 79 personas son investigadas por las autoridades, relacionadas con plazas fantasma en el Registro de Información Catastral (RIC), según un listado sobre el cual se requirió información a las autoridades de la institución.

A principios de mes, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se hicieron presentes a las instalaciones de la sede central en zona 13, para ejecutar una orden de allanamiento que les permitiera recabar evidencia sobre plazas fantasma en dicha institución.

Entre las personas que se sospecha devengaron sueldo sin asistir a laborar, se encuentra Irma Rebeca Monzón Rojas, hermana del exsecretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y principal colaborador eficaz en los casos de La Línea y Cooptación del Estado, Juan Carlos Monzón Rojas.

También Ismenia Beatriz del Val Herrera, abogada de Monzón y quien tenía su oficina en la Vicepresidencia y otra plaza en la Dirección General de Transportes; Alex Ricardo Girón Martínez, amigo de Juan Carlos Monzón Rojas y con plaza en la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla; Rocío Esmeralda Sagastume Perez, esposa de Girón Martínez; y Silvia Guisela Marchena Figueroa, otra abogada de Monzón.

La declaración del colaborador eficaz

En junio del año pasado, Monzón Rojas rindió declaración ante el juez Miguel Ángel Gálvez en calidad de colaborador eficaz, y señaló que en dicha entidad existía “un nido de plazas para todos los partidos políticos, incluidos Lider, UNE y PP”.

Monzón Rojas también detalló que Antonio Coro, exalcalde de Santa Catarina Pinula, hizo un ofrecimiento de entregar Q50 mil mensuales a Baldetti, producto de plazas fantasma que tenía en el RIC. “Tono Coro fue quien proporcionó toda la información de las adjudicaciones, él era miembro de la Junta Directiva del RIC y la verdad que Tono Coro tenía el control del RIC”, expuso Monzón.

Monzón declaró que la institución fue usada para entregar plazas a varios partidos.

Vinculados a otros partidos

Entre los expedientes secuestrados por las autoridades también se encuentra el de Óscar Guillermo Ramos Soberanis, socio de Byron Pivaral Albarizaes, ex viceministro de Comunicaciones en tiempos de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); Raúl Gustavo Castellano Chajón, candidato a diputado por la UNE y en la actualidad asesor en la Dirección General de Aeronáutica Civil; Astrid Mireya Esquivel Rodas, excandidata a diputada por el partido Libertad Democrática Renovada (Lider); y Jorge Raúl Arroyave Reyes, exsecretario general de la Presidencia durante la administración de la Gran Alianza Nacional (Gana).

El MP y la CICIG estiman que Monzón llegó a controlar cerca de 60 plazas fantasma en el RIC.

Otros de los documentos secuestrados están relacionados con Sandra Yanet Milián Gómez, excandidata a diputada por el Movimiento Reformador (MR) y en tiempos del PP también con plaza de asesora en el Ministerio de Gobernación; Francisco José Meléndez García, mandatario general de Grupo Escorpión; y Ángel Gabriel Arroyo Líquez, director financiero de la misma empresa.

Además, las autoridades investigan el trabajo de Juan Gabriel Valenzuela Taracena, amigo de Monzón Rojas y trabajador de la Portuaria Santo Tomás de Castilla y el Ministerio de Cultura y Deportes en tiempos del PP; Julio Roberto Menéndez Gaitán, exdirector del Fondo Nacional de Desarrollo (Fonades); Manuel Alberto Portillo Méndez, procesado por lavado de dinero y otros activos en el caso Cooptación del Estado.

Empleados del Vicepresidente

Entre las personas de las cuales las autoridades requirieron información se encuentran dos empleados del vicepresidente Jafeth Cabrera, Yashira Merari Herrera Letona, su asesora y exdirectora de la Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz; y Miriam Lyceth Sandoval Mejía, exgerente de proyectos del Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz) en el gobierno del PP y contratada bajo el renglón 011 como directora técnica III.

De acuerdo con las pesquisas por el caso Cooptación del Estado, los dirigentes del Partido Patriota (PP) se hicieron de recursos por medio de la contratación de personal que figuraba en la planilla del RIC pero que no llegaban a laborar y devengaban salario mensual. Estos cobraban el sueldo y una parte de este era trasladado a quienes les conseguían los contratos.